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Pobreza en Colombia

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La Pobreza, reducción con cifras amañadas

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Colombia, tercer país con más pobreza en Suramerica

Paraguay y Bolivia son los dos únicos países de América del Sur que están por encima de Colombia en sus índices de pobreza, reveló un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Según sus cálculos en el año pasado, el 34% de los colombianos está por debajo de la línea de pobreza, muy lejos de países como Argentina, Chile y Uruguay.
La Cepal reveló en su informe “Panorama social de América Latina 2012”, que la América Latina finalizará este año con 167 millones de personas en situación de pobreza, un millón de personas menos que en 2011, lo que equivale a 28,8% de los habitantes. El número de personas en extrema pobreza o indigencia se mantendrá estable en 2012, sumando 66 millones, la misma cifra que en 2011.

Para el organismo con sede en Chile, todavía se ven niveles relativamente altos de concentración en Brasil, Colombia, Honduras, Paraguay y la República Dominicana, países en que esos porcentajes se acercan al 40% de los ingresos para los más ricos y entre el 11% y el 15% para los más pobres.

A raíz de esto, los países con más pobreza en la región siguen siendo los mismos. En la región de América del Sur, Paraguay lidera con más del 50% de personas pobres, seguido por Bolivia. Colombia ocupa la tercera posición a pesar de que tuvo un decrecimiento de 3,1% en los últimos años. Eso pone al país lejos de los niveles de pobreza que tiene Argentina (5,7%), Uruguay (6,7%) y Chile (11,0%). Incluso está por encima de Ecuador (32,4%) y Venezuela (29,5%), el único país que ha aumentado sus niveles de pobreza en el ultimo año.

Paraguay es el país que más esfuerzos ha hecho en materia de reducción de la pobreza. La caída respecto a la cifra anterior en este país fue de 5,2%.

“Las actuales tasas de pobreza e indigencia son las más bajas observadas en las últimas tres décadas, lo que es una buena noticia para la región, pero aún estamos frente a niveles inaceptables en muchos países. El desafío es generar empleos de calidad en el marco de un modelo de desarrollo orientado a la igualdad y la sostenibilidad ambiental”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.

Según el organismo, el igual que en años anteriores, el aumento de los ingresos laborales en los hogares pobres fue el factor más determinante en la reducción de la pobreza. Las transferencias (tanto públicas como privadas) y el resto de los ingresos contribuyeron un poco al descenso, pero en menor grado que el salario. En 2012, la desigualdad disminuyó en forma moderada, aunque estadísticamente significativa en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay.

La Cepal espera que la pobreza continúe su tendencia a la baja, aunque a un ritmo algo menor al observado hasta ahora.

La contracción relativa del gasto público social  Por otra parte, la Cepal advierte un cambio en la tendencia del gasto público social en la región. Hasta el año 2010 este seguía al alza en América Latina, tanto en montos absolutos como en proporción al gasto público total y al PIB, mostrando un carácter contracíclico durante la crisis internacional. Sin embargo, datos parciales de 2011 indican que habría una tendencia a la contracción relativa del gasto social para robustecer las finanzas públicas, lo cual no significa necesariamente una reducción de los montos absolutos destinados a los sectores sociales.

La opinión

Alicia Bárcena  Secretaria Ejecutiva de la Cepal  “Las actuales tasas de pobreza e indigencia son las más bajas observadas en las últimas tres décadas, lo que es una buena noticia, pero aún estamos frente a niveles inaceptables”.
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La realidad de la pobreza no se acaba con cifras manipuladas

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Mortalidad y desnutrición infantil, más allá de las cifras

Muchas muertes de niños menores de 5 años podrían prevenirse con intervenciones efectivas que aborden la desnutrición en gran escala. Foto:Andrés Felipe Castaño/Unimedio
oct. 24 de 2009
Por: Sara Del Castillo Ernesto Durán María Cristina Torrado, Observatorio sobre Infancia Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional U. Nacional de Colombia

La confiabilidad de los datos sobre la desnutrición en los niños oculta el verdadero problema: cada año mueren en Colombia cerca de 10.000 menores de 5 años por causas prevenibles. De esas muertes, por lo menos el 30 por ciento ocurre por desnutrición.

 El VIII Encuentro de Gobernadores por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, realizado en Bucaramanga en junio de 2009, centró sus discusiones en el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional, tema prioritario para el país, dada la grave situación nutricional que vive un porcentaje significativo de la población colombiana1.

En dicho evento se presentaron distintos datos sobre la magnitud del problema. Funcionarios gubernamentales plantearon que la mortalidad por desnutrición de menores de 5 años (casos en que se reporta la desnutrición como causa directa de muerte) fue entre 580 y 700 casos de 2003 a 2005. Por otra parte, el director de Unicef planteó que cerca de una tercera parte de las muertes en este grupo etáreo se asociaba a desnutrición, lo que daría una cifra cercana a 5.000 muertes anuales asociadas a déficits nutricionales2.

En los últimos 20 años se ha estudiado la relación entre mortalidad y desnutrición infantil, evidenciándose que esta es mucho más alta de la que aparece en los reportes de estadísticas vitales. El Estado Mundial de la Infancia 1998, basándose en publicaciones de la OMS, planteaba que, “de los cerca de 12 millones de niños menores de 5 años que mueren anualmente de enfermedades susceptibles de prevención, sobre todo en los países en desarrollo, el 55 por ciento perecen por causas relacionadas directa o indirectamente con la desnutrición3. Un reciente estudio de la revista The Lancet afirma que, “en los países pobres, la desnutrición materno–infantil es la causa subyacente de más de un tercio (3,5 millones) de todas las muertes de niños menores de 5 años de edad, muchas de las cuales se pueden prevenir mediante intervenciones efectivas que aborden la desnutrición en gran escala”4.

En Colombia, un estudio realizado por Nubia Ruiz y Magda Ruiz, del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social de la Universidad Externado, titulado Mortalidad por desnutrición en Colombia, estableció que entre 1998 y 2002 el porcentaje de desnutrición reportada como causa de muerte5 fue del 6,66 por ciento y como causa asociada del 7,45 por ciento, para un total de 14,11 por ciento. Las autoras elaboraron mapas que muestran la probabilidad de muerte por desnutrición por cada 100.000 nacimientos.

No son solo cifras

A los datos anteriores habría que sumarle el subregistro, el cual, en un estudio realizado por un grupo de investigadores liderados por Luis Carlos Ochoa6, fue calculado para el departamento de Antioquia en un 37,3 por ciento. Si bien el subregistro nacional posiblemente sea mayor, si se aplica lo encontrado en Antioquia se obtendría un porcentaje total de desnutrición como causa directa o asociada de muerte de menores de 5 años de 19,33 por ciento (cerca de 3.000 muertes anuales), nivel de asociación similar al encontrado en estudios recientes en Perú7 y Costa Rica8.

La discusión no es solo de cifras, detrás del debate está la pregunta sobre qué tan crítica es la situación nutricional de la infancia y cuestionamientos más de fondo como qué tan grave es la situación social que vive Colombia y qué tan efectivas han sido las políticas nutricionales desarrolladas por el Estado colombiano en las últimas décadas.

El debate sobre la confiabilidad de los datos no debe ocultar el problema central: cada año mueren en Colombia cerca de 10.000 niños y niñas menores de 5 años por causas prevenibles. De esas muertes evitables, por lo menos el 30 por ciento ocurre en niñas y niños con desnutrición.

Si bien el país ha hecho esfuerzos por mejorar la nutrición infantil, estos son insuficientes. Se ha logrado que disminuya la severidad del problema, pero la malnutrición continúa afectando el crecimiento y desarrollo de millones de niños y niñas, generando enfermedades, muerte, retardo en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y deterioro de las capacidades cognitivas, reproduciendo la pobreza y la desigualdad.

El Estado colombiano tiene la obligación establecida en el Código de la Infancia y la Adolescencia de “prevenir y erradicar la desnutrición”9. Es necesario continuar el debate sobre las cifras, fortalecer la investigación sobre las mismas y desarrollar un sistema independiente de información acerca de la situación y las políticas públicas de la infancia y la adolescencia10, pero esta discusión no puede hacernos olvidar la obligación ética, legal y política que tienen el Estado y la sociedad entera de que ni un solo niño o niña padezca hambre.


1 Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional ENSIN 2005, 12% de los menores de 5 años (más de medio millón de niños y niñas) presentan desnutrición crónica, porcentaje que es del 17,1% en la zona rural.
2 No es lo mismo mortalidad por una causa que mortalidad asociada a dicha causa, por ello en los reportes de mortalidad se habla de desnutrición como causa de muerte y desnutrición como causa asociada de muerte.
3 Unicef. Estado Mundial de la Infancia 1998. p. 11.
4 The Lancet. Resumen ejecutivo serie de The Lancet sobre salud materno–infantil. 2008.
5 Ruiz, M. y Ruiz, N. (2006). La mortalidad infantil por desnutrición en Colombia.
6 Centro de Investigaciones en Dinámica Social, Universidad Externado de Colombia. Ochoa, L. C. (2007). Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: Incidencia, tamización y factores de riesgo. Saludarte;  5 (3): 212-237.
7 Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social–CEPAL–PMA. (2008). El costo del hambre. El impacto social y económico de la desnutrición en el Perú. Lima.
8 CEPAL–PMA. (2007). El costo del hambre. Impacto social y económico de la desnutrición infantil en Centroamérica y República Dominicana. Santiago de Chile.
9 Ley 1098 de 2006. Artículo 41.
10 Así lo ha recomendado en dos oportunidades al Estado el Comité Internacional de Derechos del Niño.


Edición:
UN Periódico Impreso No. 127
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Colombia no sabe cuánta hambre padece

Hallazgos de la UIS y la U. Nacional

Por: Redacción Vivir, El espectador

Investigadores aseguran que la metodología con que Colombia calcula su seguridad alimentaria es imprecisa.

Se estima que 20 millones de colombianos no tiene acceso a una canasta familiar básica. Se estima que 20 millones de colombianos no tiene acceso a una canasta familiar básica. 
 
En Colombia, cerca de 20 millones de personas no tienen acceso a los productos básicos de una canasta familiar: según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 34,1% de los colombianos vive en la pobreza y otro 10,6% en la indigencia.

Si estas cifras se comparan con las entregadas por la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin), publicada en 2010, según la cual el 42% de los hogares del país padece hambre, quizá los datos permitan llegar de nuevo a la conclusión de que la pobreza y la mala nutrición van de la mano.
Pero más allá de las cifras, un grupo de investigadores de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y de la Universidad Nacional de Colombia están seguros de que la metodología con que Colombia viene calculando el índice de seguridad alimentaria desde 2005 está lejos de entregar un panorama preciso sobre la verdadera situación dentro de las familias.

A partir de un estudio realizado con 432 hogares de Bogotá, Bucaramanga, Tenjo y Sibaté, los investigadores encontraron que el índice de hambre que señala que, en promedio, 42 de cada 100 hogares se encuentran en esta condición se queda corto para estas regiones, situación que reflejaría lo que puede estar ocurriendo en el resto del país. Asimismo hallaron que, en el mejor escenario, 36 de cada 100 hogares, como mínimo, estarían padeciendo hambre, y, en el peor, 87, como máximo.

En la investigación financiada por Colciencias y que tomó alrededor de dos años, los académicos detallan cómo el uso de la “escala del hambre” (referencia internacional validada en Colombia por estudios de la Universidad de Antioquia) para la realización de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (la última de este tipo que se ha hecho en el país) llenó el panorama de datos imprecisos, gruesos y generales, que no permiten visibilizar qué tan bien están comiendo los colombianos.

“Estas son escalas atractivas porque entregan resultados rápidos y son baratas, pero poco rigurosas. Incluyen, por ejemplo, preguntas como: ¿usted en los últimos días se ha preocupado por falta de dinero para comprar alimentos? Hasta una persona de estrato 6 se preocupa por esos temas. Consideramos que las escalas no sirven. Los hogares quedaron mal clasificados”, dice el líder del estudio, Óscar Fernando Herrán, director del Observatorio Epidemiológico de Enfermedades Cardiovasculares de la UIS.

Lo preocupante es que la Ensin, hecha por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Profamilia, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, es un referente nacional importante para el direccionamiento de políticas públicas.

La pregunta que se hacen los investigadores es: por qué si el Estado cuenta con un departamento de estadística como el DANE y un monitoreo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), no analiza y utiliza parte de estos datos para generar información precisa en lugar de “invertir dinero en estudios de poco rigor con escalas que no garantizan mecanismos serios de medición”, dice Herrán.

La también investigadora Sara del Castillo, coordinadora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Obsán), explica que las investigaciones sobre seguridad alimentaria deben cambiar la forma como recogen sus datos.

Una alternativa sería complementar los estudios con métodos como el recordatorio 24 horas, cuyo propósito es evaluar periódicamente la nutrición de una persona o familia, a lo cual habría que sumar pruebas en las cuales se examinen las medidas del cuerpo humano y se las relacione con la alimentación (antropometría).

Para la experta, es necesario hacer estudios más precisos, acompañados de recordatorios de dieta y mediciones más cercanas a la realidad de lo que consume la gente y combinadas con información de valoración de la situación nutricional.

Aunque la aplicación de estas metodologías, advierte el profesor Herrán, es más costosa e implica mayor trabajo, de esta manera entregarían, sin duda, un panorama más claro de cómo se está alimentando Colombia, un país en el que, a pesar de ser despensa de alimentos, sigue padeciendo hambre.
  • Redacción Vivir | Elespectador.com
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Pobreza y desigualdad en Colombia

Por Jimy Ríos, FARC-EP.
Apoyado en diferentes estudios sobre el año 2011, la administración Santos sostiene que la pobreza y la desigualdad han disminuido gracias a sus políticas asistencialistas. Lo cierto es que ha demostrado que la política pública más efectiva para combatir el problema, es cambiar la metodología de medición. Las versiones oficiales presentan contradicciones entre sí, pero sobre todo son desvirtuados por la realidad. El Pueblo en la calle se ha encargado de mostrar la crítica situación social.

Presentación.

Apoyado en diferentes estudios sobre el año 2011, la administración Santos sostiene que la pobreza y la desigualdad han disminuido gracias a sus políticas asistencialistas. Lo cierto es que ha demostrado que la política pública más efectiva para combatir el problema, es cambiar la metodología de medición. Las versiones oficiales presentan contradicciones entre sí, pero sobre todo son desvirtuados por la realidad. El Pueblo en la calle se ha encargado de mostrar la crítica situación social.

Más allá de cuestionar los informes, se trata de mostrar una economía que no satisface las necesidades de las mayorías y un régimen político que impide el debate democrático sobre la distribución de la riqueza. No se trata pues, de críticas solo circunscritas a la discusión técnica y cuantitativa, aunque se recurra a esta vía para develar la miseria, así como la principal estrategia para ocultarla, a saber, los cambios metodológicos en la medición del problema.

Es el caso del informe más publicitado tanto por el gobierno de Uribe como el de Santos, a cargo inicialmente de la  Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad y ahora del DANE. Con los cambios en las estimaciones, fácilmente se pudiera concluir que entre 2009 y 2011 rebajaron en 8 millones las personas en situación de pobreza y pobreza extrema.  En 2009 reportaron 20 millones en la primera y 8 millones en la segunda. En la medición de 2011 presentada en mayo de 2012, sumaron 15.6 millones en pobreza y 4.7 millones en pobreza extrema. Además la desigualdad calculada con el indicador GINI pasó del 0.59 a 54.8 en el mismo periodo.

¿Qué políticas extraordinarias han ejecutado en Colombia que puedan fundamentar semejante impacto en la reducción de la pobreza? Sobre todo cuando podemos constatar que en una década el salario mínimo solo aumentó 234.700 pesos hasta llegar a 566.700 en 2012, por mencionar un ejemplo en materia de ingresos.

Más aun, cuando en la otra orilla encontramos la entrega antisoberana de los recursos naturales a las multinacionales con indignantes garantías para el incremento de sus ganancias. En el contrato petrolero tienen tasas de retorno del 50% y solo una de estas empresas (Pacific Rubiales) gana más de un billón de pesos explotando nuestra tierra. En los primeros 9 meses de 2011, las multinacionales giraron a las casas matrices reembolsos por 9.341 millones de dólares. La IED fue de 10.821 millones de dólares. El total del año fue de 13.234 millones de dólares en 2011. Las ganancias de la banca crecieron 169% a junio de 2012, obteniendo 16,7 billones.

1. Propaganda gubernamental con pobres mentiras.
En Boletín de prensa del 17 de mayo de 2012, el DANE informó que “Oficialmente, hay dos formas de calcular la pobreza en Colombia: la primera de ellas, y la más conocida, es el cálculo a partir de los ingresos monetarios de los hogares, conocida como pobreza monetaria. La segunda es el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que evalúa 5 dimensiones donde los hogares colombianos podrían estar en privación.”

Ese “oficialmente” no debe entenderse como si fueran las únicas dos formas. De hecho, otros instrumentos que dan cuenta de la pobreza son más importantes pues son los utilizados para caracterizar la población que demanda ayudas del Estado como veremos más adelante. También porque no son encuestas y proyecciones, son fichas aplicadas a personas u hogares como potenciales beneficiarios de subsidios aunque posteriormente se les niegue cualquier atención.

Dice el DANE que para el año 2011, la pobreza nacional alcanzó una incidencia de 34,1%, en las cabeceras 30,3% y en resto 46,1%. Entre 2010 y 2011, se registra una disminución de 3,1%. Pobre es quien tiene un ingreso mensual máximo de 194.696 pesos. En consecuencia, un hogar de cuatro miembros es pobre si sus ingresos monetarios al mes no superan los 778.784 pesos.

En cuanto a la pobreza extrema nacional en 2011, el DANE sostuvo que fue 10,6%, en las cabeceras 7,0% y en resto 22,1%. Entre el 2010 y 2011 esta reducción fue 1,7% (de 12,3% a 10,6%). Un indigente (pobreza extrema) es quien no percibe más de 87.672 pesos mensuales. En un hogar de cuatro miembros, sus ingresos no superan los 350.688 pesos.

Los cálculos con el Índice de Pobreza Multidimensional, en 2011, muestra una pobreza nacional de 29,4%. Este indicador contempla las variables de educación, salud, niñez y juventud, trabajo y servicios públicos y condiciones de la vivienda.  

Cómo entender que la pobreza ha mermado si todas estas variables del bienestar están en crisis. Una de las trampas de esta forma del IPM, es que dice tener en cuenta grandes “dimensiones” como estas, pero a la hora de consultar la situación de la población, lo hace con pocos indicadores pertenecientes a las variables. Ni siquiera es una mirada integral a toda la persona. Por ejemplo en servicios públicos solo consideran el agua. En educación apenas consideran el número de años de estudio del jefe de hogar. Y veremos un poco más adelante qué nos dice la Encuesta de Calidad de Vida sobre estas variables en particular.

Por ahora es el momento de recordar que en agosto de 2009, la administración de Álvaro Uribe reportó la pobreza en 46%, lo que representó 20 millones de personas, mientras los indigentes estaban en 17,8%, unos 8 millones de habitantes. Recuérdese también que el mismo narcoparamilitar había abandonado las mediciones de esta problemática, con lo cual se perdió la continuidad en los estudios. Otra de las trampas.

Así las cosas, entre agosto de 2009 y mayo de 2012, fechas de presentación de los informes con distintas metodologías, el número de pobres ha rebajado en la nada despreciable cifra de 8 millones de personas. Podemos estar hablando ya del “milagro colombiano”. Es una la política pública efectiva: acabar con la pobreza  cambiando la metodología para medirla. El gobierno revuelve el río de las cifras y cree salir ganando. Y cuando se le cuestiona, un tecnócrata como el Director de Planeación Nacional, dice que “Estos son temas técnicos que no son fáciles de comunicar.”

Sin embargo no tienen problemas en la explotación mediática del milagro por la vía de los titulares en medios de comunicación útiles en la propaganda de Estado, cuya propiedad es de la oligarquía y las multinacionales de la desinformación. Veamos algunos: Un millón 218 mil personas salieron de la pobreza en 2011: DANE. (Caracol, mayo 17 de 2012); ‘Podemos estar felices de resultados contra la pobreza’. (Portafolio, mayo 17 de 2012); Colombia: 15,6 millones de pobres. (Elcolombiano.com 18 de mayo de 2012); ¿Por qué bajó la pobreza? (Semana.com, 19 Mayo 2012); Gobierno quiere menos pobreza este año. (Dinero, 17 de agosto de 2012)

2. Pobres argumentos.

Según Planeación Nacional, la explicación de la reducción de la pobreza está “en el crecimiento económico, pues aumenta el empleo y aumentan los ingresos de las personas. A esto se suma que hay una redistribución del ingreso favoreciendo a los más pobres y buenas políticas nacionales bien focalizadas.” Nosotros preguntamos: ¿Les parece que los ingresos aumentaron cuando el ingreso per cápita nacional fue de $478.658 pesos, según el mismo informe? Una cifra menor al salario mínimo.

Ante los problemas de credibilidad e ilegitimidad de la cual goza el Estado, y anticipándose a las merecidas críticas, Planeación Nacional sacó esta perla en la presentación de los resultados: “La reducción en la pobreza en 2011 se ha dado por algo que parece fácil pero es muy difícil que suceda: Crecimiento económico que ha beneficiado a los más pobres.” Los funcionarios saben que eso nunca ha sucedido en Colombia.

Debemos agregar que no solo es difícil sino imposible en el neoliberalismo y en el actual régimen oligárquico de concentración de la riqueza. Nada ha cambiado en la institucionalidad colombiana en favor de los pobres. El salario mínimo no crece al mismo ritmo de los costos de la canasta básica familiar. La focalización de las ayudas no alcanza una cobertura importante ya que es todo lo contrario a la universalización. Los pírricos subsidios no cubren las necesidades de los pobres. Hay que decirlo categóricamente: la política social no está diseñada para resolver la pobreza.  

Una de las variables utilizadas en los estudios oficiales son los servicios domiciliarios; tan lamentable está el tema que el mismo Santos tuvo que echar reversa a una iniciativa de su gobierno para cobrar el cargo fijo en electricidad. Así lo indica también la Encuesta de Calidad de Vida 2011 que presenta el mismo DANE. Allí se puede ver que  la cobertura en todos los servicios públicos no tuvo cambios significativos, incluso en algunos rebajó.  Es más: aumentó la población que no cuenta con ningún servicio.

A esto se suma que rebajó la asistencia escolar, según la ECV. Aquí abajo en los sectores populares, sabemos que el régimen subsidiado de seguridad social no es garantía absolutamente de nada, y en eso están, supuestamente, 24 millones de personas y 4.5 millones no tienen afiliación alguna. Decreció el número de personas con vivienda totalmente pagada y en arriendo, mientras aumentó la cifra de los que la tienen en usufructo; posesión sin título siguió igual. Aumentó el número de hogares que tienen una mujer como jefa de hogar, una de las variables de mayor vulnerabilidad en los estudios oficiales de pobreza. Finalmente, la ECV sostiene que el 86% de los y las jefes de hogar consideran que sus ingresos, o no alcanzan, o alcanzan solo para cubrir los gastos mínimos. 
 

3. Treinta millones en la pobreza. 

Retomamos la cifra de 30 millones de personas en la pobreza del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN. En términos oficiales, éste es el sistema de información colombiano que permite identificar a la población pobre potencial beneficiaria de programas sociales. Para ello recurren a la Focalización (contrario a la universalización) definida como el “proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable.”

Por lo menos 8 instituciones y 22 programas del orden nacional utilizan el SISBEN como criterio principal o complementario. El Sistema tiene una ficha de clasificación socioeconómica convertida en una posibilidad que la población busca ante el desespero de no contar con otras oportunidades para resolver la situación, aunque sea incierta y limitada ante las dimensiones de la miseria. 

Entres estos programas se cuenta el Régimen Subsidiado en salud. Dicho sea de paso, éste Régimen no es garantía de nada, como lo indica la tutelitis. Los informes de la Defensoría del Pueblo contabilizan entre 1999 y 2008, 1.951.341 tutelas, siendo el derecho a la salud el más invocado. Solo en 2008 representó el 41.52% de todas las tutelas. Durante el período 2002 y 2005 las específicas de salud crecieron el 280%.

Otro programa bandera del gobierno nacional que utiliza el SISBEN para asignar subsidios es Familias en Acción. En el presupuesto 2013 están asignados 1.6 billones de pesos para beneficiar a 2.6 millones de familias con subsidios de educación y nutrición. Esas cuentas ofrecen 576.923 pesos al año y 48.076 por mes. Esa es la gran ayuda para los pobres. Les esperan largas filas y dormir  a la intemperie para reclamar los subsidios. A esto le llaman “buenas políticas” con las cuales están sacando de la pobreza a millones de personas.

 Actualmente se está ejecutando el SISBEN III. Uno de los argumentos para cambiar los dos anteriores, según la tecnocracia de Planeación Nacional, es que “las personas aprenden a manipular la información que suministran… Hay indicios y evidencia de “colados”. Algunas de las variables frecuentemente manipuladas: estrato, número de personas en el hogar, desagregación geográfica (de rural disperso a centro poblado.”

Ladrón juzga por su condición. Con éste argumento han tratado de depurar la lista; pese a esto la cifra de 30 millones de personas que buscan atención del Estado no rebaja. Aunque pensamos que es mayor el número de personas que demandan atención, pues los instrumentos del Estado excluyen a quien no tenga cédula (muchos desplazados por ejemplo) y aquellas personas que por razones de distancia o desconocimiento no se acercan para que les sea aplicada la ficha. Otras personas no son reconocidas como pobres pues tanto el SISBEN como el instrumento arriba comentado, no contempla la realidad integral de las personas y se reduce a algunos indicadores.

No es entonces que “La gente aprenda a manipular la información”. La “gente”, término despectivo utilizado por la tecnocracia para referirse al Pueblo, analiza los criterios de selección y concluye que no alcanzan a caracterizar su situación. Sectores medios y altos (estratos 4, 5 y 6), pueden quedar excluidos del SISBEN, simplemente porque en algún momento de sus vidas lograron algunas condiciones de mejora en sus viviendas o en los años de estudio de los integrantes del hogar.

Pero en la ejecución de las políticas neoliberales, estos sectores se han venido a menos por el proceso de empobrecimiento, y necesitando la ayuda estatal no clasifican. La estrategia de sobrevivencia pasa entonces por “manipular la información”. Es más difícil pensar que la población no necesitada de los subsidios se someta a las indignantes gestiones del SISBEN para acceder a los beneficios que no son gran cosa tampoco. Estamos seguros de que la burocracia de Planeación Nacional, expertos en manipulación de la realidad,  no buscan “colarse” en éste Sistema. 

A propósito de estratos socioeconómicos utilizados para el cobro de los servicios públicos domiciliarios, y sobre los cuales Planeación Nacional acusa de mentirosa a la “gente”, podemos decir que el 80% de los usuarios se encuentran en los estratos 1 (bajo bajo), 2 (bajo) y en el 3 (medio bajo). En estos se encuentran clasificados la inmensa mayoría de los barrios populares y zonas rurales habitados por cerca de 38 millones de personas. Éste indicador mide la situación del hogar de puertas para afuera, mientras el SISBEN de puertas para adentro.

Nos resulta fácil constatar a través de entrevistas y observación, que hogares de estrato 4 (medio), 5 (medio alto) y 6 (alto), buscan el SISBEN, pues han sido alcanzados por el proceso de empobrecimiento. En la sabiduría del Pueblo y ante las evidente desigualdad en Colombia, se ha comenzado a hablar del estrato 0 y del estrato 7.

Con todo lo anterior y más allá de indicadores, metodologías e informes oficiales, sabemos que el problema es mucho más grave y con tendencia  empeorar. ¿Qué le espera a 13 millones de personas que no accederán a una pensión en el actual sistema y a los 3 de cada 4 adultos mayores que no la tienen? ¿Qué futuro tienen 1.5 millones de niños y niñas trabajadores contabilizados por el DANE? ¿Qué le espera al 69% de las personas que no acceden a educación superior? ¿Cuál será la suerte de 6 millones de personas desplazadas cuya situación estatal ha sido declarada inconstitucional?

Para terminar, hemos escuchado a sectores de la burguesía decir que “tendrán que hacer sacrificios importantes para lograr la paz”. Y sus cálculos les da para sumar uno o dos puntos del PIB. Da risa. El programa más agresivo de Santos es construir 100.000 viviendas que valen cerca de 4 billones. Así las cosas, ¿voluntad de paz? ¿sacrificios para la paz? Socialista el futuro será. ¡Venceremos!
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Pobreza rural en cifras

Por Partido Comunista Clandestino de Colombia.
En último término, el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, es continuidad del desarrollo neoliberal, abriendo nuevos negocios con la tierra, creando una nueva espacialidad del capitalismo, justificado en la internacionalización de la economía.

El proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural de la administración Santos, anuncia programas sociales priorizando los territorios con “mayores índices de pobreza rural”. En su Plan Nacional de Desarrollo Neoliberal 2010 – 2014, reportó la pobreza rural por ingresos en 64.3% (2009).
No deja de extrañar que en presentaciones de esta Ley siga utilizando esa cifra. La correspondiente a 2011 es de 46.1 por ciento. En Colombia se ha demostrado que la política más eficaz para la reducción de la pobreza, es cambiar la metodología de medición.

Debemos aclarar desde un comienzo que estas cifras son producto de la Misión de empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad y ahora del DANE. Y aquí en Colombia en Cifras hemos sostenido que el instrumento utilizado para el diseño de políticas públicas es el SISBEN: Sistema de identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. Aquella es más utilizada en la propaganda oficial y el SISBEN como criterio en la asignación de algunos subsidios.

Consecuente con el asistencialismo, éste proyecto de Ley ratifica el uso del SISBEN en el artículo 252 referido al “Amparo de Pobreza”. Allí dice que “el Juez concederá el amparo de pobreza a la población rural priorizada… los beneficiarios del Programa de Formalización pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN.” Así mismo utiliza los conceptos de focalización y población vulnerable propios de esta metodología, para la asignación de subsidios de vivienda rural, jóvenes, mujeres cabeza de hogar, seguridad social rural, entre otros. 

Repasemos las cifras de la población y la pobreza rural con los diferentes indicadores utilizados  oficialmente por parte del Estado. 

Población rural.

La población en Colombia sumó en el censo de 2005, un total de 42.888.592 habitantes. De estos, el 74.36% habita el perímetro urbano y el restante 25.64% en la zona rural. En términos absolutos, la población rural se acercaría a los 11 millones. Habría que matizar la cifra con 7 años de desplazamiento forzado, de migración producto del abandono del campo, el desempleo y la falta de oportunidades. A 2012 la población en Colombia se proyecta en 26.5 millones.

Los porcentajes de eta ocupación no dejarían mucho margen para una discusión sobre la obviedad de la urbanización. Sin embargo, al utilizar un inventario más amplio de datos es posible destacar el poblamiento rural, y por esa vía dimensionar las magnitudes de la pobreza y los recursos que demanda resolverla. 

Con el censo de 2005, concluimos que de los 32 departamentos en que está distribuida Colombia, 8 tienen un número de población rural mayor al que habita el perímetro urbano; esos departamentos son: 1. Cauca: 61.98% de 1.268.937 habitantes; 2. Chocó: 50.74% de 454.030; 3. Nariño: 54.19% de un total de 1.541.956; 4. Putumayo: 56.27% donde suman 310.132 personas; 5. Amazonas 62.11% de una cifra de 67.726 pobladores; 6. Guainía: 69.36% de 35.230; 7. Vaupés: 64.67% de 39.279 y 8. Vichada: 62.35% de 55.872 habitantes.

A esto se suman 5 departamentos cuya población está distribuida casi por partes iguales en ambas zonas: 1. Boyacá: 48.51%; 2. Caquetá: 44.99%; 3. Córdoba: 49.72%; 4. La Guajira: 46.07% 5. Guaviare: 47.92%. En total la población de estos 13 departamentos representa el 17.92% del total nacional.

En el caso de los municipios, de los 1098 existentes, 751 presentan un número mayor de habitantes en la zona rural que en la urbana, a los cuales se suman los 20 corregimientos departamentales. Esos municipios representan 68.40% del total. A lo anterior se agrega que 985 municipalidades, es decir, el 89.71%, tienen hasta 50.000 habitantes, entre las cuales están incluidas cinco capitales: Mocoa, Leticia, Inírida, Mitú y Puerto Carreño.

En sentido similar se manifestó el Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD 2011, “Colombia Rural, razones para la esperanza”. “Colombia es más rural de lo que se cree”, dijo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Según el Informe, “no el 25% sino el 32% de los colombianos son pobladores rurales, y en las tres cuartas partes de los municipios, cuya área ocupa la mayoría del territorio nacional, predominan relaciones propias de sociedades rurales.”

Uno de los vacios que se han evidenciado no solo en el proyecto de Ley, sino en el Estado en general, es sobre la información del campo. La ley no presenta ninguna cifra, aunque propone el  Sistema Integral de Información Estadística y Geográfica del Sector Agropecuario, el cual se soportará en la realización de censos rurales decenales, en una muestra rural y en un sistema anual de encuestas inter-censales. (Artículo 13). Es claro que estos instrumentos están encaminados hacia la planificación de mercados, y no tanto para conocer y resolver problemas de la población.

Pobreza rural

Arriba escribimos que en el Plan Nacional de Desarrollo Neoliberal 2010 – 2014 de Santos, se cuantificó la pobreza por ingresos en 64.3% en la zona rural a 2009. Y que la última cifra correspondiente a 2011 es de 46.1 por ciento. Con los datos del censo del 2005, esto representaría algo más de 7 millones de personas en la pobreza. Lo que se deja por fuera del diagnóstico del Plan es el dato de Indigencia que en 2008 se calculó en 32.6%. Es decir que la pobreza que recibió el actual gobierno copaba casi la totalidad de la población rural.

Pero como los Santos hacen milagros, veamos ahora los últimos datos. En el informe presentado en mayo de este año, continuidad de la metodología de la Misión de empalme de las series de de empleo, pobreza y desigualdad y ahora del DANE, la pobreza se redujo del 49.7% (2010) a 46.1 en 2011. 16 puntos porcentuales más que la zona urbana. Y 12 más que el promedio nacional.

La pobreza extrema pasó de 25% a 22.1 por ciento. Algo más de 7 veces mayor a la pobreza extrema de las 13 áreas metropolitanas. Y el doble de la cifra nacional.

Según esta metodología, en centros poblados y área rural dispersa, la pobreza multidimensional medida por el IPM se mantuvo en el mismo porcentaje entre 2010 y 2011: 53.1%

Sobre el tema del SISBEN escribimos en un reciente informe titulado Pobreza y Desigualdad en Colombia 2012. Allí sostenemos que en los avances del SISBEN III no se rebaja la cifra de 30 millones de personas en la pobreza, incluso con la persecución de los  “colados”: etiqueta asignada por los tecnócratas a quienes ellos consideran no tienen por características de pobres.

Sería pertinente que el gobierno publicara resultados de la zona rural. Más aun si tenemos en cuenta que una de las novedades del nuevo SISBEN es incluir tres rangos geográficos: las ciudades grandes, las pequeñas y las áreas rurales. "Antes sólo se miraba el campo y la ciudad, ahora separamos las 14 principales ciudades del resto de capitales y el campo, porque una persona que no tiene acueducto en Bogotá es pobre, mientras que si esta misma situación ocurre en un hogar de Yondó, no es indicador exacto de pobreza". Esta perla la dijo Esteban Piedrahita, director de Planeación de Uribe. (Portafolio, 21 de mayo de 2010).

A nuestro modo de ver, los resultados positivos presentados por la Misión de empalme y por el DANE, se contradicen con la Encuesta de Calidad de Vida 2011, presentada por el mismo DANE. Bien raro si tenemos en cuenta que algunas de las variables de esta son contempladas por aquella. De ahí el mar de dudas que generan y la incredibilidad del Pueblo, que además no necesita instrumentos para darse cuenta del crecimiento de la miseria en nuestro país.

•    En el caso de los servicios públicos, para la zona rural, la ECV dice que rebajó la cobertura en energía eléctrica, gas, acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y teléfono. En cambio aumentaron los hogares que no cuentan con ningún servicio llegando al 8.2%.
•    El analfabetismo en mayores de 15 años fue ubicado en el 13.6. Superando en 7 puntos que el dato nacional y 10 más que los centros urbanos. 
•    Creció el número de no afiliados al Sistema General de Seguridad Social.
•    La tenencia de vivienda totalmente pagada bajó al 46.6%. Creció 6 puntos la tenencia por usufructo. Posesión sin título llegó a 5.7%. La propia pagando pasó de 1.7 a 1.9. Y en arriendo bajó a 9.6. 
•    El 61.7% se desplaza a pie para ir a trabajar. El doble de la cifra nacional.
•    46.7 de los jefes de hogar manifestaron que no alcanza para los gastos mínimos y 49.6 solo para los gastos mínimos. Esto es el 96.3 por ciento.
•    Finalmente, la ECV 2011 reportó que el 68.2% se considera pobre.
Para concluir, podemos sostener que el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural pretende aparecer generoso y preocupado por los pobres en las zonas rurales, pero no está innovando en absolutamente nada en polìtica social. Por el contrario, ratifica el mismo asistencialismo ya convertido en fracaso, pues los programas ofrecidos hacen parte del desastre neoliberal.

Lo mismo se puede afirmar de los “escenarios de participación de la población, en la definición, ejecución y seguimiento de los proyectos que los involucre.” (Artículo 22). Convocar la participación de la población sin rectificar el camino de la democracia participativa convertida en promesa incumplida es pura demagogia y estrategia de cooptación ante la creciente movilización popular, indígena y campesina.

En último término, el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, es continuidad del desarrollo neoliberal, abriendo nuevos negocios con la tierra, creando una nueva espacialidad del capitalismo, justificado en la internacionalización de la economía. La Ley no comienza ahora. Tiene antecedentes en el copamiento militar y paramilitar del territorio, en el desplazamiento forzado y en el despojo. La Ley es el siguiente paso en la institucionalidad. Socialista el futuro será.
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